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La discapacidad es un término amplio que abarca diversas deficiencias físicas, mentales, sensoriales e intelectuales que pueden limitar la participación de una persona en la sociedad y que requieren de una legislación por parte del Estado, pero ¿cómo calcula los grados de discapacidad y qué criterios se usan?
Según el Real Decreto Legislativo 1/2023 de España, la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que puedan limitar o impedir su plena y efectiva participación en la sociedad en unas condiciones similares a las de los demás.
¿Qué son los grados de discapacidad?
Los grados de discapacidad son una forma de calificar el alcance de las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones que una persona puede experimentar. Estos grados se expresan en porcentajes, los cuales indican el nivel de dificultad que la persona enfrenta en su vida diaria. Se clasifican en:
- Discapacidad nula: porcentaje inferior al 5%. En este nivel, la discapacidad es insignificante y no afecta la realización de actividades diarias.
- Discapacidad leve: entre el 5% y el 24%. Este nivel implica una dificultad leve para realizar actividades diarias, pero la persona sigue siendo independiente.
- Discapacidad moderada: con un porcentaje entre el 25% y el 49%, la persona se enfrenta a una mayor dificultad para realizar actividades cotidianas y puede haber una limitación total o parcial en algunas de ellas, aunque sigue siendo independiente en actividades de autocuidado.
- Discapacidad grave: entre el 50% y el 95% de discapacidad. Este grado justifica una dificultad grave en la realización de actividades diarias, con una limitación total para realizar muchas de ellas, incluyendo las de autocuidado.
- Discapacidad total: porcentaje entre el 96% y el 100%. La persona tiene una imposibilidad casi total para realizar la práctica totalidad de las actividades de la vida diaria.
¿Cómo se evalúa el grado de discapacidad?
El reconocimiento y evaluación del grado de discapacidad se realiza en cada comunidad autónoma, y en el caso de Ceuta y Melilla, lo lleva a cabo el Imserso. Este proceso se coordina con la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, dependiente de la Administración General del Estado.
El objetivo es garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos de discapacidad, establecidos en el Real Decreto 888/2022.
¿Cuáles son los criterios de valoración?
- Deficiencias físicas: evaluación de las limitaciones relacionadas con la anatomía y fisiología del cuerpo humano.
- Deficiencias mentales: evaluación de problemas de salud mental y limitaciones cognitivas.
- Deficiencias sensoriales: evaluación de problemas relacionados con los sentidos (vista, oído, etc.).
- Deficiencias intelectuales: evaluación de limitaciones en el desarrollo intelectual y capacidad de aprendizaje.
El cálculo del grado de discapacidad se realiza a través de la aplicación de baremos específicos que permiten expresar el resultado en un porcentaje. Estos baremos consideran diferentes aspectos, como la severidad de la deficiencia, la capacidad funcional de la persona y el impacto de la discapacidad en su vida diaria.
La documentación necesaria para el reconocimiento de discapacidad
- Formularios de solicitud específicos.
- Documentos de identificación.
- Certificados de ingresos.
- Informes médicos.
- Otros documentos justificativos del derecho al certificado de discapacidad.
Los derechos y prestaciones una vez concedido
En función del grado y tipo de discapacidad reconocida, se pueden acceder a diversos derechos y prestaciones. Estos beneficios están diseñados para mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad.
- Ayudas para la compra o adaptación de vehículos.
- Becas y aportes económicos en educación especial.
- Permisos para estacionar en aparcamientos para personas discapacitadas.
- Asistencia sanitaria y farmacéutica.
- Descuentos en actividades de ocio.
- Reserva de plazas en universidades.
- Acceso a teleasistencia.
- Acceso a viviendas de protección oficial.
- Deducciones en la declaración de la renta.
Estos derechos y prestaciones tienen como objetivo proporcionar apoyo integral a las personas con discapacidad, facilitando su integración en la sociedad y mejorando su calidad de vida.