La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) busca equilibrar los derechos y las obligaciones entre inquilinos y caseros. Sobre todo, frente a los precios disparados que dificultan el acceso a la vivienda. De hecho, el inquilino medio dedica hasta el 70% del sueldo al pago de la renta.
Así, el contrato de alquiler se renueva de forma automática cada año hasta la duración máxima que dicta la legislación. El objetivo es garantizar una mayor estabilidad al inquilino y asegurar un techo a través del contrato de arrendamiento, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
El casero debe renovar el contrato o indemnizar al inquilino
El contrato de alquiler de vivienda habitual se prorroga anualmente durante cinco años, en el caso de que el arrendador sea un particular. Asimismo, se renueva de manera automática durante siete años consecutivos si el casero es una persona jurídica. En ambos casos, el contrato se vuelve a prorrogar otros tres años después de cumplir los anteriores plazos. Incumplirlo es una de las prácticas ilegales en los contratos de alquiler que jamás se deben tolerar.
Para poner fin al contrato de alquiler antes de que transcurran dichos periodos, el inquilino tiene derecho a poner fin al alquiler si avisa con 30 días de antelación al casero. El requisito en este caso es que haya pasado la duración mínima del contrato de arrendamiento. Si se va antes de tiempo, debe pagar la renta correspondiente al tiempo que falta para cumplir el plazo mínimo.
La única excepción en la que el casero puede anular el contrato antes de que pasen los siete años es que cumpla con ciertos requisitos o que el inquilino incumpla alguna de las obligaciones. Estos son todos los casos en los que el arrendador no está obligado a renovar el contrato. Y si quiere echar al inquilino, tendrá que pagarle una indemnización o llegar a un mutuo acuerdo.
Además, el arrendador tiene derecho a emprender acciones legales, como presentar una demanda de desahucio, si el inquilino deja de pagar el alquiler. En ese sentido, es imprescindible que tanto el casero como el inquilino conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones con el fin de evitar conflictos.
Frente a esta medida para garantizar la estabilidad del alquiler de vivienda al inquilino, algunos caseros han levantado la voz en contra. Su reacción ha sido alquilar por habitaciones para saltarse el control de precios y otras 5 grietas de la ley de vivienda.
Incluso, una propietaria se pronuncia sobre el precio del alquiler: “Si a mí me pagan mucho, ¿por qué lo voy a tener que bajar?”. No obstante, el precio disparado del alquiler ahoga a los inquilinos. La nómina necesaria para alquilar un piso es de unos 3.160 euros cada mes.
Ante la dificultad para acceder al derecho básico de la vivienda, algunas organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas proponen la implementación de contratos de alquiler indefinidos. A lo que se suma la amenaza de una huelga de alquileres si el precio no baja.
